¡BASTA YA! Llamada del colectivo de los 39, del 1 de noviembre de 2014 (En francés en: http://www.hospitalite-collectif39.org/?CA-SUFFIT )

Los hechos están ahí y son tozudos: mientras crece la demanda de tratamiento —sobre todo para los niños—, los medios humanos son cada vez más escasos: disminución de puestos de enfermería, marginalización escandalosa de los psicólogos, escasez de psiquiatras (públicos y privados).

La formación de los enfermeros es claramente insuficiente y, para los residentes de psiquiatría es reductora, simple y engañosa, ya que se toma raramente en cuenta la complejidad de la disciplina. Sólo raramente se les permite elegir sus opciones teóricas, desarrollar un pensamiento crítico indispensable. Todos los estudiantes sufren un formateo en el que reina la dimensión binaria y reductora de la atención, por lo que ya no está a la orden del día ayudar al paciente a comprender lo que le ocurre. Se les enseña a tratar una enfermedad y no a curar a un ser cuyo sufrimiento representa también una protesta que es necesario acoger.

Lo mismo ocurre con la formación de los educadores y de los trabajadores sociales dispensada en los Institutos Regionales del Trabajo Social, formación sometida a los dictámenes de la “calidad” y el “buen trato”, reductora, operativa y completamente inapropiada para la dimensión relacional del encuentro educativo.

Además, en la vida cotidiana de los servicios (públicos o privados), no queda ya tiempo para la transmisión del saber-hacer, para las reuniones de equipo, los intercambios informales a propósito de los pacientes. A cambio, hay que consagrar el tiempo a rellenar casillas con “grandes y pequeñas cruces”, cumplir obligaciones tan ineptas como estériles para que sea respetada una pseudo-calidad, justo la que impone la Alta Autoridad de Salud (HAS), institución antidemocrática que impone sin restricción protocolos extraños a la cultura de los equipos terapéuticos, que tiraniza con su preocupación por la homogeneidad y maestría de todos los actores, incluida la jerarquía hospitalaria. Como organismo burocrático de alto nivel, “elabora” sus protocolos de tratamiento para todos.

Pero en psiquiatría la preocupación por lo homogéneo es antiterapéutica, ya que lo esencial de la práctica tiene su fundamento en el carácter singular del encuentro terapéutico: cada acto de tratamiento debe mantener un carácter específico que tome en cuenta el contexto, la historia, lo que dice el paciente de la relación que tiene con su sufrimiento.

De hecho, es la burocracia a las órdenes del poder político quien decide: el desconocimiento y la estupidez intentan imponer a los profesionales mediante leyes, circulares y decretos, kits de buena gestión, de buena conducta, de ayuda a la gestión de los seres humanos, ya sea a quienes tratan como a los tratados. Como si estuvieran en lo mejor de un mundo robotizado y sometidos a los dictados de un poder todopoderoso, cuyo brazo armado son los directores de las Agencias Regionales de Salud —ARS— con poder ahora exorbitante pero que será aumentado con el proyecto de ley de salud.

Cómo asombrarse entonces del agobio de las familias ante el aislamiento y el encierro (físico, psíquico, simbólico) en los cuales sus seres cercanos se encuentran relegados a lo largo del desarrollo de tratamientos caóticos, construidos sobre una multiplicidad de personas que tratan y que están superpuestas sin un lazo verdadero entre ellas. Cómo no comprender la cólera o la falta de recursos de las familias frente a la escasez de respuestas que se les aporta, o las soluciones fatalistas, culpabilizantes o perentorias que se les dirigen.

Los pacientes dicen que están infantilizados, poco o nada escuchados, medicados en exceso, etiquetados, sometidos a lo arbitrario, con pérdida de la libertad de circular y amenazados permanentemente con el cuarto de aislamiento.

Los hechos están ahí: antes raramente se usaban los cuartos de aislamiento y de inmovilización de los pacientes, pero ahora se convierten en una herramienta banal de un medio que ya no sabe o no puede hacer las cosas de otro modo. Esta banalización inaceptable encuentra su justificación desculpabilizadora en los “protocolos de aislamiento”.

El paso que se ha dado desde la “hospitalización obligatoria” al “tratamiento sin consentimiento” ha permitido la extensión ambulatoria de la obligación hasta el domicilio de los pacientes. Los jueces y los abogados presentes desde entonces permanentemente en el interior de los hospitales, avalan a pesar suyo la aceleración de las medidas de restricción bajo todas sus formas, cuando estos profesionales del derecho deberían haber defendido las libertades fundamentales. La mayor parte del tiempo, la restricción no es imputable sólo al paciente, sino una construcción social y clínica.

Todo ello en un contexto en el que la ley HPST (Hospital, Pacientes, Salud, Territorio), denunciada antes de 2012 por la oposición de entonces, sigue existiendo con el actual gobierno. Esta ley organiza el hospital moderno según la ideología del hospital-empresa, planteando el marco de este encuentro inaudito e imposible entre la salud pública y la lógica neoliberal de la gestión y del lucro.

¿Qué decir entonces del sector psiquiátrico, esa “utopía necesaria” que ha permitido sacar a los pacientes de los manicomios y que ha propuesto una continuidad de los tratamientos de proximidad? Todos están de acuerdo en mantenerla. Pero al mismo tiempo que declara la importancia de este dispositivo, la Sra. Marisol Touraine quiere triplicar la población abarcada por un sector: de 70.000 habitantes a 200.000. Si los parlamentarios votan este texto (inscrito en la futura ley de salud pública), el sector corre el riesgo de convertirse en una entidad de gestión, un instrumento para cuadricular que anula, por lo tanto, las razones mismas de su existencia.

En Psiquiatría Infantil, la situación es muy preocupante. Por un lado, no podemos seguir aceptando una lista de espera de varios meses para una consulta, o entre dos y tres años (!) para la admisión de un niño en una estructura especializada —cuando ésta existe…— Lo insoportable roza lo absurdo.

Por otro lado, la política de la incapacidad, a pesar de algunos raros avances sociales, produce efectos perversos mayores. Actualmente vivimos una paradoja doble: con una discapacidad, los niños muy enfermos acceden con dificultad a los tratamientos, mientras que un gran número de simples “desviados” del sistema escolar son estigmatizados como discapacitados.

Pero ¿por qué es necesario tener una discapacidad a golpe de diagnósticos psiquiátricos y de certificados médicos, para poder beneficiarse de refuerzos puramente pedagógicos del tipo de ayuda de un adulto no cualificado, como un Auxiliar de Vida Escolar, o clases especiales? Los niños agitados, los repetidores, los indisciplinados, etc… (con frecuencia provenientes de las poblaciones más precarias) se ven así “psiquiatrizados” mediante la generosa “discapacidad”. Rechazamos los mecanismos de recuperación de la clínica psiquiátrica a través de una política de la discapacidad que transforma a los marginales en anormales.

Entonces, ¿en nombre de qué imperativos se organiza meticulosamente desde hace años esta política destructiva? ¿Imperativos financieros, teóricos, sociales, económicos, segregativos? Y ¿en nombre de qué deberíamos aceptarlos?

¿Por qué tendríamos que callar nuestras convicciones? Todo tratamiento requiere tiempo: tiempo para pensar, para hablar, para anudar lazos. Tiempo para comprender, tiempo para que cada colectivo ponga en marcha sus propias herramientas de evaluación y no pierda ese tiempo precioso en responder a las órdenes de la Alta Autoridad de la Salud (HAS), de la que la mayoría de sus trabajadores reconocen que la dimensión clínica se da de tortas con la práctica. Tiempo para una formación apropiada para nuestras prácticas, sin pasar bajo las horcas caudinas de formaciones obligatorias que ponen en marcha la desaparición de la dimensión singular de cada acto de tratamiento.

La Alta Autoridad de Salud (HAS), por su colusión entre una pseudo-gestión en nombre de la ciencia y una pseudociencia en nombre de la gestión, a base de controles incesantes y de acreditaciones orientadas al apoyo, está despolitizando las cuestiones de la salud apartándolas del debate de nuestras democracias.

En las instancias políticas, en la ciudad, en nuestros servicios, los espacios de debate y de contradicción se han convertido en escasos; el absurdo y la violencia se convierten sin embargo en frecuentes. ¡Abramos urgentemente ese debate público, nacional, ciudadano! ¡Organicemos la defensa masiva que se impone! ¡Con todos los refractarios a la resignación! ¡Con todos aquellos que no quieren cesar de reinventarse, de soñar, de crear! ¡Con todas las asociaciones sindicales, científicas y políticas concernidas!

Para que la democracia recupere sus derechos. Para que pueda elaborarse la escritura de una ley marco de la psiquiatría. Una ley de la que todos: pacientes, familias, equipos de tratamiento, tienen una necesidad inmediata para permitir una revisión de las prácticas de la psiquiatría.

Traducción de María-Cruz Estada no revisada por los autores.

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